El rescate llega con condiciones macroeconómicas (por si quedaban dudas)
Esta semana se filtró el borrador del “memorándum de entendimiento” que deberá firmar España para acceder al rescate del sistema financiero. Como era de esperar, las exigencias son muy duras, entre las que se destaca la cesión de la soberanía financiera, así como condicionalidades macroeconómicas. De esta forma, no es casualidad que se hayan anunciado las medidas de austeridad más fuertes de la democracia.
De cara al rescate, el sistema financiero español será divido en 4 grupos, a partir de los stress tests y los consiguientes planes de recapitalización. El grupo 0 será el compuesto por las entidades que no requieran recapitalizarse, y por lo tanto queden excluidas del rescate y de la condicionalidad. Entre ellas, se encontrarían Santander, BBVA y Caixabank, los tres bancos más grandes de España, entre los cuales concentran el 50% del sistema. El grupo 1 será compuesto por las entidades ya intervenidas por el FROB, entre las que se encuentra Bankia. Por su parte, aquellas entidades que presenten requerimientos de capital descubiertos, serán divididas, por un lado, entre las que sean capaces de obtener los fondos de manera privada (grupo 4), y por el otro las que no sean capaces, por lo que requerirán también ayudas públicas (grupo 3). El grupo 4 de todos modos contará con el apoyo del FROB a través de los famosos “cocos” (bonos convertibles contingentes) en caso de que sus necesidades superen el 2% de los pasivos.
Los bancos que se vean en la necesidad de ser asistidos tendrán que cumplir severas condiciones, entre las que se destaca la prohibición de repartir dividendos y límites a los sueldos de los empleados. Incluso se incluye en el memorándum la posibilidad de liquidar entidades, con el fin de proteger a los contribuyentes, pero afectando hasta a los tenedores de deuda subordinada o participaciones preferentes. Esto es algo que el gobierno quería evitar a toda costa, porque estos tipos de activos están distribuidos en buena parte de la población española, lo que significa ni más ni menos que hacer una cesación de pagos de los ahorradores nacionales, de forma de salvar a los inversores internacionales. Asimismo, el conjunto del sector financiero será obligado a cumplir con ratios de capital más exigentes, algo difícilmente cumplible para gran parte de las entidades si no es justamente con dinero público del rescate.
Adicionalmente, contra todo el deseo y los anuncios del gobierno, el memorándum incluye condicionalidad macroeconómica. Si bien es cierto que solo se incluye lo acordado previamente en el protocolo de déficit excesivo y de desequilibrios macro, por lo que no hay puntos adicionales a cumplir como había sucedido en Irlanda y Portugal, la inclusión de este apartado significa que el incumplimiento de los objetivos de déficit o en la aplicación de las reformas, puede ocasionar efectos sobre la entrega del préstamo.
Posiblemente por esto mismo es que el gobierno apuró las medidas adicionales de ajuste, las que apuntan a mejorar el balance fiscal en 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio, lo que se constituye como el mayor recorte desde la vuelta a la democracia. El punto más destacado es el (tantas veces negado) incremento del IVA. La tasa general pasa de 18% a 21%, mientras que el tipo reducir aumenta de 8% a 10%. El tipo híper-reducido se mantiene en el 4%. También suben los impuestos medioambientales y al tabaco. Asimismo, suspende la paga extraordinaria de navidad a los funcionarios y altos cargos de la administración hasta 2015, y se reducen sus días libres. Esto es equivalente a un recorte salarial mayor al 7%. Por su parte, disminuye la prestación por desempleo: a partir del séptimo mes se pasa a cobrar el 50% del sueldo activo, en lugar del 60% vigente hasta ahora. El argumento de esta medida fue posiblemente el más ofensivo de todos, ya que se afirmó que de esta manera se fomenta la búsqueda activa de empleo. Finalmente, suspende la deducción por vivienda, reduce un 30% el número de concejales, recorta 600 millones de euros extra en el gasto de los ministerios y recorta un 20% las subvenciones a partidos y sindicatos.
En definitiva, suponiendo un multiplicador keynesiano de 2, el recorte supondrá una caída adicional del PIB de 13%. La pregunta que sigue dando vueltas en el ambiente es qué será lo que lidere a la economía española y la haga salir de la recesión. En los planes de ajuste latinoamericanos de las décadas de 1980 y 1990, los planes de ajustes venían acompañados por un crédito muy importante una vez cumplidas las condiciones, que permitía dar un impulso a la economía para recobrar la confianza y retomar la senda de crecimiento. Estos planes, en su mayor parte, terminaron fracasando. Europa, en cambio, exige los recortes, pero no contempla el shock expansivo final. De esta forma, el fracaso está asegurado.
En este punto tenemos que seguir llamando la atención acerca de la inequidad en la distribución de los costos de la crisis. Es posible que la recesión nos cueste a los españoles alrededor del 20% del ingreso por habitante. Partiendo de una renta de unos 30.000 dólares anuales, pasar a una de 24.000, no parece tan grave. Se ahorrará menos, pero nadie con ese ingreso deja de comer o de vivir placenteramente. El problema entonces es que no todos cobramos el ingreso medio. Cuanto más medidas de incrementos de impuestos indirectos, recorte de salarios a empleados, reducciones de los seguros de desempleo se realicen y pérdidas de ahorro para permitir el pago a los acreedores internacionales, la distribución será menos equitativa, y la crisis será peor para gran parte de la sociedad. Incluso me animo a decir que, de seguir con esta tendencia, los recortes anunciados no llegarán a realizarse, dado que algún evento ocurrirá en mucho menos del plazo de los dos años y medio, y los planes realizados previamente quedarán totalmente desactivados.
Volvemos a insisitir que la situación es grave por el corto plazo y la deuda de España (pública y privada) que, en la actual circunstancia, no puede pagar, a mediano plazo porque hacemos recortes sin reformas estrcucturales y a largo plazo porque la productividad no aumenta por deflación: eso es la teoría la práctica un cuento distinto.
