A continuación sigo compartiendo con ustedes mi charla con Guido Zack sobre la situación macroeconómica española
El culebrón vivido la semana pasada con la situación de Bankia, y que posiblemente continúe la semana que comienza y las siguientes, comenzó a tener efectos sobre todo el país. La caída de la bolsa y el incremento del riesgo país a niveles difícilmente sostenibles son síntomas de ello. Las soluciones planteadas no satisfacen, ya que no abarcan la totalidad del conflicto: no solo Bankia está en problemas, sino también buena parte del sector financiero. La solución de rescatar con dinero público a Bankia por los montos mencionados, abre la posibilidad de que todo banco sea rescatado. Así, el ahorro generado por los recortes al gasto corriente no se destinarán a mejorar la posición fiscal de España (algo que de todos modos resulta dudoso, pero que no es el objetivo del post discutir), sino a salvar al sector financiero. De esta forma, no se elude el ataque sobre el país, sino que se lo traslada desde la banca al Sector Público. Lo que se requiere es una estrategia de defensa frente a estos ataques que permitan a España cierta tranquilidad para “digerir” las malas decisiones de los últimos años.
La crisis de Bankia dejó en evidencia que las dificultades del sector financiero español están muy lejos de haber sido resueltas. Las numerosos reformas financieras tanto del anterior gobierno como del actual no son más que parches a situaciones específicas, pero atacan el centro del problema: el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tiene efectos que superan al sector de la construcción y los servicios inmobiliarios. Uno de los sectores más afectados es el financiero. Sin las ganancias percibidas por la construcción, la banca necesita una reestructuración que disminuya su tamaño. Por otra parte, los ingresos fiscales provenientes del sector de la construcción permitieron un incremento del gasto público, que no fue sostenible una vez desatada la crisis y reducidos los ingresos. En pocas palabras, la burbuja inmobiliaria generó una burbuja financiera y una burbuja fiscal en España.
El ajuste en el sector construcción se está dando lentamente. Los precios ya van cayendo más de 20% desde el pico de 2007, mientras que las cantidades lo hacen de forma más pronunciada aún. Esto se debe a que existen alrededor de un millón de pisos desocupados, por lo que hasta que no se reduzcan las existencias difícilmente se realicen nuevos proyectos. Además, justamente la caída en las cantidades es lo que genera el elevado desempleo. Pero con mayor lentitud todavía se está dando el ajuste en el sector financiero. Si bien el crédito está prácticamente paralizado, el sector todavía cuenta con una estructura sobredimensionada, con una excesiva cantidad de sucursales y empleados. Por más que nos pese, el ajuste tarde o temprano se dará. Otro indicador de la lentitud del ajuste es que los bancos conservan una gran cantidad de activos inmobiliarios que no sacan al mercado para evitar una mayor caída en los precios. De esta manera, la lentitud del ajuste en el sector financiero alimenta también la lentitud del ajuste en la construcción. De más está decir que cuanto más rígidos sean los precios, más caerán las cantidades, y mayor será el costo en términos de desempleo.
Finalmente, el gobierno se encuentra intentando desarmar la burbuja fiscal. El problema es que en un momento en el que todas las burbujas se pinchan, se esperaría una actitud contracíclica del Estado. Como se viene repitiendo en este blog, el gobierno debería ver la forma de atrasar lo más posible los ajustes fiscales. A su vez, como se hace evidente que ante la falta de financiamiento el déficit público debe bajar, lo más importante es que sea lo menos doloroso posible. Y eso se logra únicamente con una distribución progresiva de los costos de la crisis, algo ha quedado fuera de la agenda de este gobierno.
En este contexto surge la disyuntiva de utilizar dinero público para salvar a entidades financieras. Una posición extrema es dejar que el mercado actúe y derribe a todas las entidades en problemas, que serán las que peores decisiones tomaron. Esta solución no es recomendable, dado que implica posiblemente un ataque sobre los depósitos de todas las entidades, incluso las menos insolventes, extendiendo el problema a todo el sector financiero, pudiendo llegar a ser necesario la aplicación de un “corralito” y hasta una salida abrupta del Euro. La otra salida extrema es el salvataje con dinero público a todas las entidades en problemas. Tampoco es una solución recomendable, ya que extiende los plazos de todas las burbujas: la fiscal, la financiera y ralentiza la inmobiliaria.
En definitiva, lo que nos queda son las posiciones intermedias, las que siempre son las más difíciles de definir. Pero lo que queda claro es que los costos de la “digestión” debe ser compartido con el sector privado. Así, los accionistas de las entidades en problemas deberían perder todo su dinero invertido. Los acreedores también se deberían ver afectados, a través de un sistema de renegociación de deudas. En este punto se debe tener en cuenta que un inversor al cobrar un interés más elevado por el dinero invertido sabe que está asumiendo más costos, y lamentablemente en situaciones de crisis son cuando esos riesgos potenciales se realizan. Finalmente, se debe minimizar al máximo la participación pública en los rescates. De este modo, no solo se ayuda a desinflar vía precios todas las burbujas, sino que se permite una distribución más equitativa de los costos de la crisis.
