Hace ya más de dos semanas, el gobierno nacional y el sector financiero en general están lidiando con la salida de la situación de Bankia, el cuarto banco en importancia del país, con más de 10 millones de clientes y 350 mil accionistas, la mayor parte pequeños inversores. Con una capitalización de 3.000 millones de euros, el pedido por parte de su consejo de administración de una ayuda pública de 23.500 millones de euros, es prueba suficiente de que se trata de un caso de insolvencia y no de iliquidez. De esta forma, es poco probable que el dinero público destinado a su rescate pueda ser recuperado posteriormente. El accionar del gobierno resulta así muy controvertido, más aun teniendo en cuenta que estaría destinando la mitad del ahorro resultante de los ajustes en el gasto público de este año, en el salvataje de una entidad privada. También es cierto que su caída puede generar una situación de desconfianza que provoque un pánico financiero y la caída de más entidades financieras, así como la profundización de la crisis económica. Entonces, la pregunta que cabe es cómo hacer para enfrentar el problema de  solvencia de Bankia con las menores consecuencias para sus depositantes, de modo de evitar el pánico y en lo posible que las arcas del Estado sufran lo menos posible.

Digo esto porque si bien el aporte es de capital según anunció el sábado su presidente, la pregunta es cómo se piensa crear valor para este capital en una institución financiera que ha perdido su prestigio y se ha declarado en bancarrota en terminos de mercado. Quizás la ayuda a secas para salvar a los depositantes hubiera sido más convincente pero los eufemismos están al orden del día y ni los mercados ni los contribuyentes se les puede engañar a estas alturas. El nuevo presidente de Bankia nos hablaba de crear valor para ese capital como si se tratara de un proyecto nuevo, ilusionante y con buenas perspectivas. Pero creo que todos sabemos que esto solo será un milagro, pues crear valor implica beneficios y sobre 23.000 millones éstos son unos 2.000 millones de euros (8% de beneficios), cosa que Caja Madrid por ejemplo ni en su mejores momentos del ladrillo lo hacía. Esto simplemnete no es posible y sería mejor decir a las cosas por su nombre: que se aporta ese capital en Bankia y no en otro sitio porque se ha preferido la solución de “Demasiado grande para caer -quebrar-”, o sea que los cálculos de coste-beneficio son positivos con esta alternativa, de lo contrario un colapso del sistema financiero nos llevaría a un corralito y los 23.000 millones podría ser un coste mucho menor.

Bankia fue el segundo banco, luego de Caixabank, creado como consecuencia del proceso de reestructuración del sistema de cajas de ahorro impulsado por el Banco de España. Su constitución data del 3 de diciembre de 2010, en una operación de fusión de Caja Madrid y Bancaja, al que se han adherido La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia. Sus acciones salieron al mercado a 3,75 euros, y ya van perdiendo el 58% de su valor hasta el viernes pasado, día en el que la CNMV suspendió su cotización. En la apertura del lunes, las acciones abrieron con una caída adicional de 26%, y algunos bancos de inversión ya manejan precios objetivos del orden de 20 ó 30 céntimos, un valor de liquidación de la empresa, que equivale a un deterioro mayor al 90% desde su salida a bolsa. Sin duda, son muchas las empresas que han perdido valor en bolsa en este último año por lo que ser accionista implica un riesgo ya sea de Bankia o Repsol y la cuestión de la información es responsabilidad del supervisor o de la CNMV (si esto no lo creemos así, las conscuencias en términos de credibilidad de España fuera de España son tremendos).

Los casos de insolvencia de entidades bancarias con riesgo sistémico son de muy difícil resolución. Dejar caer a la entidad puede generar una crisis generalizada y más cuando ésta es muy grande. Pero salvarla parece muy injusto para los contribuyentes que se ven obligados a destinar parte de sus impuestos a sostener a una empresa privada, sin contar con las consecuencias en términos de incentivos futuros a los restantes bancos (riesgo moral). En términos generales, en estas situaciones los que no recuperan nunca su inversión son los accionistas (lo que desacredita parcialmente el argumento del riesgo moral). Pero esto parece razonable ya que son los únicos que asumen el riesgo del negocio, y si todo salía bien pues muy sencillo: se paga el impuesto que corresponde y punto.

En este punto surge otra incertidumbre importante puesto que las auditoras deben hacer un stress test a los otros bancos al menos tan “riguroso” como el de Bankia y eso puede llevar a unas necesidades de capitalización del sistema muy elevado y por lo tanto seguir acudiendo al resacte Europeo vía indirecta, o sea través del BCE, y de la emisión de deuda para capital como en este caso.

En este contexto de más está decir que una solución satisfactoria para todas las partes (Gobierno, contribuyentes, empleados, depositantes, accionistas) es imposible. Sin duda, salvar a las entidades grandes no parece un error técnico a primera vista y sí una injusticia, pero no salvarla puede parecer menos injusto aunque quizás un error técnico (por aquello de “es imposible disciplinar al mercado en medio de la crisis” y sino que le pregunten por la caída Lehman en 2008). Ahora bien, sería deseable encontrar la solución menos injusta en términos de responsabilidades, pero también de equidad, esto es además de cuidar a los depositantes (cosa positiva tanto desde el punto de vista de la equidad como de la eficiencia) el Gobierno debería pensar en soluciones distintas. Al igual que hemos insistido en este blog, no se quiere decir que la que sigue sea una propuesta concreta realizable, sino más bien un puntapié inicial para discutir.

En primer lugar, se debería buscar proteger a los depósitos para alejar la posibilidad de pánico financiero. Para ello, se puede separar la actividad intermediadora de Bankia, de la de inversión. La esfera comercial podría ser absorbida por otro banco, o bien dado el gran tamaño, ser dividido en muchas partes y distribuirlo entre varios bancos interesados en incrementar su cartera de clientes, o bien expandir su alcance geográfico. Hasta se podría plantear un sistema de mercado, en el que cada cliente eligiera la entidad que a partir de ahora cuente con sus depósitos. Esto implica sacrificar en parte a los contribuyentes aunque el procediemiento no es nada sencillo.

Una vez resuelto el tema de los depósitos, el banco de inversión podría ser nacionalizado, para su paulatino desmantelamiento. ¿Cómo proceder en este proceso? Por un lado se encuentran los acreedores del banco y por otro los deudores. Entre estos últimos, la exposición más importante es al mercado inmobiliario. Por lo tanto, una posibilidad es plantear una reestructuración de las deudas del banco, las que se irían pagando a medida que se vayan cobrando los créditos hipotecarios y no hipotecarios otorgados, y colocando en el mercado las viviendas en propiedad de la entidad (ya sea en propiedad como en alquiler, pudiendo incluso pasar a formar parte de viviendas protegidas). Evidentemente, esto implicará una quita de deuda y una ampliación de los plazos, justamente en línea con lo planteado en el post anterior. La peor parte posiblemente se la lleven los accionistas, quienes perderían todo el dinero invertido.

Si bien no es una solución óptima (difícilmente la haya), parecer ser una opción para evitar el pánico financiero y que el Estado no se haga cargo a través del dinero público de reflotar a una entidad que no parece pueda hacerlo facilmente. Sin ser del todo justa, pareciera que una solución de este estilo sería no tan mala en términos distributivos.

Quedan los trabajadores de la entidad que también sufrirán un ajuste sea por la vía que sea, pero sin duda si el Estado aporta capital con este argumento también podría crear una cooperativa de parados y ofrecer cantidades similares a quién sea capaz de presentar un plan de negocio que tenga una rentabilidad del 8%.

En definitiva el tema es muy complejo: en primer lugar “To big to fail” es una realidad y eso lo demuestra la decisión del gobierno, en segundo lugar usar la ayuda vía capital no deja de ser una ayuda porque si nadie pone capital en Bankia cuál es la razón para decir que el Gobierno ve una oportunidad donde nadie la ve, en tercer lugar salvar a Bankia, a sus trabajadores y a sus depositantes es una opción de equidad como cualquier otra pero tiene detrás un claro juicio de valor, en cuarto lugar porque se otroga un capital en función de lo que piden los nuevos gestores: hay que tener cuidado que ahora no venga la época de venta de activos a precio de saldo y que no eran tan malos pero como ya se han provisionado adelante a vender, en quinto lugar debe el supervisor tomar las riendas y ser él quién depure responsabilidades, si nuestro Banco de España no es capaz de hacer esto ni tampoco de auditar, la situación de credibilidad del sistema financiero español no funcionará aunque se limpien todos los balances, en sexto lugar España acude al rescate de sus bancos a través de la vía indirecta del BCE pero cuidado con este instrumento: no distinguir los problemas de solvencia de los de liquidez puede ser un gran error que demore la recuperación.

Por último una reflexión: tal cual está la situación en España no es posible que el tamaño del negocio financiero siga como hasta ahora, quizás el problema en los últimos dos años no es sólo el ladrillo sino también que al no haberse realizado el ajuste, el sistema no da beneficios suficientes para mantener la actual estructura financiera y esto último no es solo en Bankia sino en todas las entidades financieras que operan en el territorio español.